“Hoy pudimos dar un gran paso para el efectivo bienestar de nuestros niños y adolescentes”

El Servicio de Protección a la Niñez fue ingresado en agosto de 2018 por el Ejecutivo para dar respuesta a la necesidad de hacer frente a la crisis de institucionalidad existente en materia de niñez. Tras más de dos años y medio, se dio un paso importante para poner fin al Sename, por lo que el Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto destacó el compromiso moral con los niños, niñas y jóvenes.

¿De qué trata el nuevo Servicio que reemplazará al Sename?

“Parte importante del programa de Gobierno y de nuestro Presidente Sebastián Piñera, era poner fin al Sename y dotar a la protección de la infancia de una nueva institucionalidad. Ese compromiso, lo asumimos con la mirada puesta en tener a nuestros niños en primer lugar y como parte de nuestras prioridades. Entonces, tras un largo trabajo y luego de un período que como todos sabemos, se extendió por más de dos años, hoy pudimos dar un gran paso para el efectivo bienestar de nuestros niños y adolescentes.

Ahora bien, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, tendrá mejoras sustantivas en la efectiva protección y restitución de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, mediante una protección especializada a los niños vulnerados en sus derechos, incorporando a las familias como sujetos de atención, impulsando mejoras en los programas, y exigiendo mayores estándares a quienes los atiendan”.

¿Cuáles son los principales cambios o diferencias entre el Sename y el Servicio de Protección a la niñez?

“Son diversas las aristas. Pero destacar que, se dividirá en dos y a su vez, dependerán de dos ministerios distintos. Es decir, el Servicio de Protección a la Niñez, que pertenecerá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que dependerá del Ministerio de Justicia. Aclarar que ambos tienen distintos períodos para su implementación.

Otra diferencia, es que se busca la reinserción social juvenil, es decir, un servicio menos punitivo y de mayor reinserción. En ese sentido, también el objetivo es trabajar no solo con los niños, sino también desde el seno familiar. A su vez, se contará con 40% más de presupuesto –comparado con el Sename- que servirá para mayor capacitación y fiscalización y que así, la tarea de proteger y reinsertar se cumpla efectivamente”.

Uno de los focos, que desde el Gobierno se ha anunciado es trabajar no solo con el niño o niña, sino también con el núcleo familiar, ¿Por qué?

“Porque en definitiva, lo que se busca es una protección integral de los niños y su familia, ya que el núcleo familiar debe ser parte del proceso de protección y resguardo de nuestros menores. La familia es donde, por esencia, las personas reciben amor, sustento, protección y seguridad. Es por ello que, para ofrecer una protección efectiva a los niños, niñas y adolescentes resulta fundamental fortalecer las familias, apoyándolas en sus dificultades y promoviendo la generación de condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible”.

¿Cuánto tiempo demorará su implementación?

“Es un proceso gradual, en el que ya dimos un gran paso. Recordemos que el proyecto de Ley fue despachado por el Congreso, restando solo la revisión del Tribunal Constitucional. Ahora bien, tenemos expectativas que sea durante el primer semestre del 2021 que sea la implementación”.

Hay críticas por  parte de algunos sectores quienes denominan este nuevo paso como “solo un cambio de nombre” ¿Qué responde?

“Siempre habrá críticas y en ese sentido, como toda nueva implementación debemos de valorar aquellos aportes que nos permitan sumar.  No es un cambio de nombre solamente, recordemos que esta esta labor no terminará aquí y continuará con la tramitación de otras medidas, tales como la Ley de Reinserción Juvenil, Sala Cuna Universal y Equidad Parvularia, entre otras que permitan ofrecer a nuestros menores una mejor calidad de vida.

Además, recordemos que se trata de una iniciativa que ha contado con el apoyo transversal de los diversos sectores políticos durante su tramitación en el Congreso Nacional, la que además fue construida a partir de lo avanzado en los gobiernos anteriores y de los aportes de la sociedad civil, es decir, reuniones con más de 40 organizaciones, Jueces de Familia, académicos y distintos expertos durante la elaboración del proyecto de ley”.