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Linares

Juzgado de Garantía ordena reabrir la investigación del caso Catherine Vásquez

  • Viernes 25 de septiembre de 2020
  • 09:25 hrs

En la audiencia de discusión del sobreseimiento definitiv,  la magistrada Claudia Olea Tapia acogió la solicitud de la parte querellante y ordenó la reapertura de la investigación. 

El Juzgado de Garantía de Linares ordenó la reapertura de la investigación por la muerte de Catherine Nicole Vásquez Muñoz, fijando un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público realice diligencias pendientes que permitan aclarar las circunstancias en que perdió la vida la funcionaria municipal, en mayo de 2018, en sector rural de La Aguada de la comuna de Longaví.

En la audiencia de discusión del sobreseimiento definitiv,  la magistrada Claudia Olea Tapia acogió la solicitud de la parte querellante y ordenó la reapertura de la investigación. 

"El Ministerio Público deberá proceder a realizar las diligencias que dicen relación con la toma de declaración de los testigos y del perito forense, siendo determinada su forma por el ente persecutor, de acuerdo a sus facultades legales", resolvió la jueza.

Al fundamentar la reapertura, la magistrada Olea consideró que "(…) la diligencia de incautación de los teléfonos para efectos de realizar pericias, si bien fueron entregados unos teléfonos por una tercera persona, estos no corresponden a los números telefónicos que hacen referencia la parte querellante; por lo tanto, nunca se llevó a cabo las diligencias en los términos solicitados". 

Además, ordenó que se tome una nueva declaración a un testigo "para aclarar sus dichos, la toma de declaración del perito forense doctor Ravanal y a una menor que sería la hija de uno de los cuidadores de donde vivía la persona fallecida; la incautación del aparato electrónico que el testigo habría sacado fotografías que en su oportunidad se acompañó al proceso; la pericia informática en los términos solicitados por el querellante al teléfono celular de Catherine Vásquez Muñoz, la cual estaría incompleta, y la pericia o el examen por UFED que no se ha podido realizar porque no se cuenta con los teléfonos, ya que no se han incautado los que solicitó el querellante. Todas estas diligencias en la práctica fueron rechazadas por la fiscal de la causa", añadió.  

Tras esta resolución, el Ministerio Público tiene una plazo de ocho meses para realizar nuevas diligencias.